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[b]AnÃ³nimo escribiu:[/b]
[quote]EL PAÃ?S 
24/01/2006 | Por JosÃ© Antonio MartÃn PallÃn (Magistrado del Tribunal Supremo)

La humanidad guarda en sus retinas los efectos de la bomba atÃ³mica sobre la ciudad de Hiroshima. Esqueletos urbanos separados por calles levantadas en las que deambulaban atÃ³nitos unos pocos supervivientes que no daban crÃ©dito a lo que veÃan.

El horror infinito y el miedo a la reacciÃ³n del enemigo llevaron a los cientÃficos a la sustituciÃ³n por la bomba de hidrÃ³geno, miles de veces mÃ¡s potente, y posteriormente se llegÃ³ a diseÃ±ar una bomba de neutrones bautizada como "bomba limpia". Se trata de un artefacto liberador de una gran cantidad de neutrones que bombardean el objetivo induciendo una alta carga de radiactividad que afecta solamente a las personas, sin destruir el entorno, Si algÃºn dÃa se experimenta la fotografÃa serÃ¡ distinta. Las casas intactas, perfectamente alineadas y las calles despejadas, pero no encontraremos seres humanos que las habiten o peatones que las transiten.

Este escenario puede ser un anticipo de lo que veremos en algunas zonas de nuestro paÃs si no controlamos la desenfrenada planificaciÃ³n urbanÃstica en las costas y tambiÃ©n en los aledaÃ±os de las grandes urbes. Las futuras generaciones no se merecen esta herencia. La tierra que nos han legado nuestros antecesores no es nuestra, pertenece a los que nos sucedan.

El derecho de propiedad no es ilimitado. El uso arrogante, insolidario y brutal de este derecho es contrario al orden constitucional que destaca su funciÃ³n social, por encima de los intereses especulativos. Si en algÃºn aspecto la propiedad del suelo alcanza su mÃ¡xima dimensiÃ³n social y constitucional es cuando se destina a la construcciÃ³n de viviendas.

Las alarmas se han disparado ante un hecho insÃ³lito. Una concejala del Partido Popular de Alhama de Murcia ha paralizado con su voto una iniciativa urbanÃstica increÃblemente monstruosa. Afortunadamente ciertas sensibilidades, acorchadas por el desarrollismo, se han despertado y exigen a los polÃticos que valoren las consecuencias de esta locura, piensen en el futuro y respeten los intereses generales.

Ha llegado el momento de que el Estado de Derecho se tome en serio el problema y ataje las consecuencias catastrÃ³ficas que conllevan polÃticas urbanÃsticas impulsadas por la mera especulaciÃ³n y reparto de beneficios.
No es fÃ¡cil explicar a los ciudadanos por quÃ© las leyes no se cumplen y por quÃ© el sistema judicial no responde. Hemos sido capaces de generar variadas leyes del agua y del suelo, estÃ©ticamente perfectas, pero ineficaces. Se ha integrado su regulaciÃ³n en el conjunto que forman los espacios en los que las personas tienen necesariamente que desarrollar sus actividades vitales en condiciones que les permitan sentirse, al mismo tiempo, ciudadanos y seres humanos. Se puede afirmar, sin exageraciÃ³n alguna, que estamos fracasando estrepitosamente en la salvaguarda del desarrollo sostenible.

La apacible temperatura de nuestras costas mediterrÃ¡neas es propicia para que las personas que han terminado su vida laboral y disfrutan de posibilidades econÃ³micas fijen su residencia de forma estable, sobre todo durante los rigores del invierno europeo. Somos, por gracia de la naturaleza y de nuestras coordenadas geogrÃ¡ficas, un lugar privilegiado para el descanso y tambiÃ©n para desarrollos alternativos.

Este presente y un prometedor futuro no pueden quedar en manos de especuladores legitimados bajo la cobertura legal de "agentes urbanÃsticos" que utilizan una ley, que no resiste al mÃ¡s mÃnimo anÃ¡lisis racional, para actuar como autÃ©nticos cuatreros, chantajeando a ciudadanos espaÃ±oles y europeos que habÃan diseÃ±ado de forma armÃ³nica, en la mayorÃa de los casos, su lugar de descanso.

Una nueva especie de depredadores, con el consentimiento y el empuje de los responsables de algunos municipios y, por quÃ© no admitirlo, de irracionales conciudadanos, ha iniciado una operaciÃ³n devastadora que sÃ³lo tiene como objetivo el dinero fÃ¡cil y rÃ¡pido que se reparte desigualmente entre entidades pÃºblicas y sociedades privadas.

Con arrogancia infinita y prepotencia legalmente avalada, presentan planes urbanÃsticos faraÃ³nicos con el sÃ³lo material de los papeles que los sustentan y la esperanza de un lucrativo incremento de sus patrimonios a costa de los espacios de convivencia. Algunos municipios se prestan a sus planes y, lo que es peor, deciden convencer a sus representados, ofreciÃ©ndoles el proyecto como un manÃ¡ creador de innumerables puestos de trabajo y beneficios sin fin. El municipio promete a sus vecinos que con el dinero recaudado se mejorarÃ¡n los servicios. El dinero normalmente se gasta en la pompa y ostentaciÃ³n. La educaciÃ³n, sanidad y vivienda es tarea que se reclama de las autoridades autonÃ³micas o estatales.

En las zonas de escasa pluviosidad, las desaladoras, depuradoras y servicios de recogida de basuras o residuos recaerÃ¡n sobre los entusiastas vecinos que no valoran, mÃ¡s allÃ¡ de su inmediata vivencia, las consecuencias para ellos y para futuras generaciones.

No comprendo cÃ³mo se ha llegado a este estado de cosas sin que las autoridades hayan tomado medidas drÃ¡sticas para abordar el problema. Afortunadamente el Parlamento Europeo, donde se sientan los representantes de muchos ciudadanos afectados por esta vorÃ¡gine, ha escuchado sus quejas. Desde la distancia y la objetividad que les otorga su posiciÃ³n, han llegado a la conclusiÃ³n, tÃ©cnicamente irrebatible, de que en nuestro paÃs el salvajismo urbanÃstico ha alcanzado cotas peligrosas que exigen urgentes correcciones.

No soy, en principio, partidario de solucionar los conflictos a golpes de derecho penal, pero la realidad me ha convencido de que es la Ãºnica esperanza para reconducir una polÃtica suicida, que cuenta con la complacencia de muchos ciudadanos que jalean a un alcalde por tener limpias las calles y no le reprochan haberles asfixiado la convivencia. El pan para hoy y hambre para maÃ±ana no parece preocupar a los alegres y confiados electores que reeligen a los que bajo el lema "pon el ladrillo y corre" ofrecen maravillas inmediatas y desastres para el futuro.

El derecho urbanÃstico y los tribunales que lo aplican podrÃan ser la primera pantalla de protecciÃ³n anulando planes y derribando lo incipientemente construido. Por desgracia, todos sabemos que cuando la maquinaria judicial llega a dictar una resoluciÃ³n definitiva, las colmenas de adosados que reptan por las colinas o los rascacielos ribereÃ±os ya estÃ¡n habitados.

Nos queda el derecho penal que sÃ³lo contempla leves penas para estos delincuentes ambientales y especuladores del suelo. Muy pocas veces algÃºn promotor o un alcalde demasiado expeditivo llegan a los tribunales. Puede ser que incluso se les imponga una pena de prisiÃ³n y multa que pagarÃ¡n complacidamente.

Antes de que el tsunami de cemento se nos venga encima debemos activar los mecanismos de alerta y regular la expansiÃ³n racional y no especulativa de una riqueza natural que no hemos hecho nada para merecÃ©rnosla. SÃ merecemos el reproche de nuestros conciudadanos si no sabemos utilizar los recursos del Estado de Derecho para que, en un futuro, como ya ha pasado en algunas zonas, los bloques de apartamentos no parezcan estructuras fantasmagÃ³ricas que nos recuerden el desastre que estamos impasiblemente levantando. Al final conseguiremos los mismos efectos que la bomba de neutrones: cemento y desolaciÃ³n.

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Juan	Estimados veciÃ±os, sÃ³ vos invito a que vexades a pÃ¡xina do Instituto Galego de EstatÃstica (http://www.xunta.es/wiges/webext/servlet/bdmunicipal?ESP=36035&PROVINCIA=Pontevedra&CONCELLO=NigrÃ¡n) onde poderedes comprobar que as vivendas secundarias e baleiras en NigrÃ¡n supoÃ±en case a [u:cd187efb86][b:cd187efb86]_meta_de [/b:cd187efb86][/u:cd187efb86]de tÃ³dalas vivendas do concello. Esta Ã© unha boa xustificaciÃ³n para ter en conta o novo deseÃ±o do PXMOU.
AnÃ³nimo	impresionante
AnÃ³nimo	EL PAÃ?S 24/01/2006 \| Por JosÃ© Antonio MartÃn PallÃn (Magistrado del Tribunal Supremo) La humanidad guarda en sus retinas los efectos de la bomba atÃ³mica sobre la ciudad de Hiroshima. Esqueletos urbanos separados por calles levantadas en las que deambulaban atÃ³nitos unos pocos supervivientes que no daban crÃ©dito a lo que veÃan. El horror infinito y el miedo a la reacciÃ³n del enemigo llevaron a los cientÃficos a la sustituciÃ³n por la bomba de hidrÃ³geno, miles de veces mÃ¡s potente, y posteriormente se llegÃ³ a diseÃ±ar una bomba de neutrones bautizada como "bomba limpia". Se trata de un artefacto liberador de una gran cantidad de neutrones que bombardean el objetivo induciendo una alta carga de radiactividad que afecta solamente a las personas, sin destruir el entorno, Si algÃºn dÃa se experimenta la fotografÃa serÃ¡ distinta. Las casas intactas, perfectamente alineadas y las calles despejadas, pero no encontraremos seres humanos que las habiten o peatones que las transiten. Este escenario puede ser un anticipo de lo que veremos en algunas zonas de nuestro paÃs si no controlamos la desenfrenada planificaciÃ³n urbanÃstica en las costas y tambiÃ©n en los aledaÃ±os de las grandes urbes. Las futuras generaciones no se merecen esta herencia. La tierra que nos han legado nuestros antecesores no es nuestra, pertenece a los que nos sucedan. El derecho de propiedad no es ilimitado. El uso arrogante, insolidario y brutal de este derecho es contrario al orden constitucional que destaca su funciÃ³n social, por encima de los intereses especulativos. Si en algÃºn aspecto la propiedad del suelo alcanza su mÃ¡xima dimensiÃ³n social y constitucional es cuando se destina a la construcciÃ³n de viviendas. Las alarmas se han disparado ante un hecho insÃ³lito. Una concejala del Partido Popular de Alhama de Murcia ha paralizado con su voto una iniciativa urbanÃstica increÃblemente monstruosa. Afortunadamente ciertas sensibilidades, acorchadas por el desarrollismo, se han despertado y exigen a los polÃticos que valoren las consecuencias de esta locura, piensen en el futuro y respeten los intereses generales. Ha llegado el momento de que el Estado de Derecho se tome en serio el problema y ataje las consecuencias catastrÃ³ficas que conllevan polÃticas urbanÃsticas impulsadas por la mera especulaciÃ³n y reparto de beneficios. No es fÃ¡cil explicar a los ciudadanos por quÃ© las leyes no se cumplen y por quÃ© el sistema judicial no responde. Hemos sido capaces de generar variadas leyes del agua y del suelo, estÃ©ticamente perfectas, pero ineficaces. Se ha integrado su regulaciÃ³n en el conjunto que forman los espacios en los que las personas tienen necesariamente que desarrollar sus actividades vitales en condiciones que les permitan sentirse, al mismo tiempo, ciudadanos y seres humanos. Se puede afirmar, sin exageraciÃ³n alguna, que estamos fracasando estrepitosamente en la salvaguarda del desarrollo sostenible. La apacible temperatura de nuestras costas mediterrÃ¡neas es propicia para que las personas que han terminado su vida laboral y disfrutan de posibilidades econÃ³micas fijen su residencia de forma estable, sobre todo durante los rigores del invierno europeo. Somos, por gracia de la naturaleza y de nuestras coordenadas geogrÃ¡ficas, un lugar privilegiado para el descanso y tambiÃ©n para desarrollos alternativos. Este presente y un prometedor futuro no pueden quedar en manos de especuladores legitimados bajo la cobertura legal de "agentes urbanÃsticos" que utilizan una ley, que no resiste al mÃ¡s mÃnimo anÃ¡lisis racional, para actuar como autÃ©nticos cuatreros, chantajeando a ciudadanos espaÃ±oles y europeos que habÃan diseÃ±ado de forma armÃ³nica, en la mayorÃa de los casos, su lugar de descanso. Una nueva especie de depredadores, con el consentimiento y el empuje de los responsables de algunos municipios y, por quÃ© no admitirlo, de irracionales conciudadanos, ha iniciado una operaciÃ³n devastadora que sÃ³lo tiene como objetivo el dinero fÃ¡cil y rÃ¡pido que se reparte desigualmente entre entidades pÃºblicas y sociedades privadas. Con arrogancia infinita y prepotencia legalmente avalada, presentan planes urbanÃsticos faraÃ³nicos con el sÃ³lo material de los papeles que los sustentan y la esperanza de un lucrativo incremento de sus patrimonios a costa de los espacios de convivencia. Algunos municipios se prestan a sus planes y, lo que es peor, deciden convencer a sus representados, ofreciÃ©ndoles el proyecto como un manÃ¡ creador de innumerables puestos de trabajo y beneficios sin fin. El municipio promete a sus vecinos que con el dinero recaudado se mejorarÃ¡n los servicios. El dinero normalmente se gasta en la pompa y ostentaciÃ³n. La educaciÃ³n, sanidad y vivienda es tarea que se reclama de las autoridades autonÃ³micas o estatales. En las zonas de escasa pluviosidad, las desaladoras, depuradoras y servicios de recogida de basuras o residuos recaerÃ¡n sobre los entusiastas vecinos que no valoran, mÃ¡s allÃ¡ de su inmediata vivencia, las consecuencias para ellos y para futuras generaciones. No comprendo cÃ³mo se ha llegado a este estado de cosas sin que las autoridades hayan tomado medidas drÃ¡sticas para abordar el problema. Afortunadamente el Parlamento Europeo, donde se sientan los representantes de muchos ciudadanos afectados por esta vorÃ¡gine, ha escuchado sus quejas. Desde la distancia y la objetividad que les otorga su posiciÃ³n, han llegado a la conclusiÃ³n, tÃ©cnicamente irrebatible, de que en nuestro paÃs el salvajismo urbanÃstico ha alcanzado cotas peligrosas que exigen urgentes correcciones. No soy, en principio, partidario de solucionar los conflictos a golpes de derecho penal, pero la realidad me ha convencido de que es la Ãºnica esperanza para reconducir una polÃtica suicida, que cuenta con la complacencia de muchos ciudadanos que jalean a un alcalde por tener limpias las calles y no le reprochan haberles asfixiado la convivencia. El pan para hoy y hambre para maÃ±ana no parece preocupar a los alegres y confiados electores que reeligen a los que bajo el lema "pon el ladrillo y corre" ofrecen maravillas inmediatas y desastres para el futuro. El derecho urbanÃstico y los tribunales que lo aplican podrÃan ser la primera pantalla de protecciÃ³n anulando planes y derribando lo incipientemente construido. Por desgracia, todos sabemos que cuando la maquinaria judicial llega a dictar una resoluciÃ³n definitiva, las colmenas de adosados que reptan por las colinas o los rascacielos ribereÃ±os ya estÃ¡n habitados. Nos queda el derecho penal que sÃ³lo contempla leves penas para estos delincuentes ambientales y especuladores del suelo. Muy pocas veces algÃºn promotor o un alcalde demasiado expeditivo llegan a los tribunales. Puede ser que incluso se les imponga una pena de prisiÃ³n y multa que pagarÃ¡n complacidamente. Antes de que el tsunami de cemento se nos venga encima debemos activar los mecanismos de alerta y regular la expansiÃ³n racional y no especulativa de una riqueza natural que no hemos hecho nada para merecÃ©rnosla. SÃ merecemos el reproche de nuestros conciudadanos si no sabemos utilizar los recursos del Estado de Derecho para que, en un futuro, como ya ha pasado en algunas zonas, los bloques de apartamentos no parezcan estructuras fantasmagÃ³ricas que nos recuerden el desastre que estamos impasiblemente levantando. Al final conseguiremos los mismos efectos que la bomba de neutrones: cemento y desolaciÃ³n. JosÃ© Antonio MartÃn PallÃn (Magistrado del Tribunal Supremo)

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