El Correo Gallego, 12 de julio de 2006.



Urbanismo de A Estrada, a juicio
El fiscal pide 16 años de inhabilitación y una multa de 19.440 � para ediles del PP por presunta prevaricación en los 90 ·· Entre los imputados por tres licencias: Campos y tres concejales del gobierno actual ·· El Supremo declaró ilegales las obras por la denuncia del BNG

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DELEGACIÃ?N â?¢ A ESTRADA
La querella que el BNG de A Estrada interpuso hace más de una década contra el alcalde y diez ediles del PP (dos de ellos ya fallecidos), vuelve al candelero. Los nacionalistas daban a conocer ayer el auto del juez, que rechaza el sobreseimiento de las causas (como pedían los imputados) y ordena la apertura de juicio oral contra once de los ediles que formaban parte del gobierno estradense del PP en los años noventa, por acuerdos adoptados en comisiones de gobierno y en plenos en los años 93 y 94.

El alcalde Ramón Campos, que ya ocupaba entonces el cargo, tendrá que sentarse en el banquillo al igual que otros tres ediles de su actual equipo: Manuel Arca Castro, José Manuel Reboredo Baños y Manuel Somoza Carbón. También están imputados cinco ex concejales (Alfonso Uzal Campos, que era entonces edil de Urbanismo; Mario López Martínez; Francisco Cora Castro; Selesio Meda Herbojo y José Eusebio Porta Lorenzo), así como otros dos ya fallecidos.

El fiscal pide para cada uno de ellos un total 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público (ocho por el caso de la prolongación de la rúa Justo Martínez y otros tantos por la urbanización de chalés adosados junto a la Iglesia), considerando que hubo un presunto delito de prevaricación. También solicita una multa para cada uno de ellos por importe total de 19.440 euros en total (a razón de 18 euros diarios durante 36 meses).

Auto ampliado y fianza

Pero en el auto del titular del Juzgado de Primera Instancia de A Estrada figuran un total de tres presuntos delitos. Además del tramo de Justo Martínez, con edificios de bajo y cuatro alturas (una altura más de lo que permitían las normas vigentes, del año 78 ) y del estudio de detalle de los chalés, en la polémica por las irregularidades urbanísticas figura un edificio entre las calles Pérez Viondi e Irmáns Valladares, cuya licencia, al igual que los otros dos acuerdos, fue anulada primero por el TSXG (en 1997) y después, en el año 2002, por el Tribunal Supremo.

En el auto judicial, también se requiere a los nueve imputados para que cada uno deposite una fianza de 500 euros, y así "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que se les pudiesen imponer.

LOS ECOS POLÃ?TICOS www.aedru.org