E l nuevo impuesto de la Xunta sobre los carburantes, que entrará en vigor a partir de enero, se ha encontrado con el rechazo unánime de todos los sectores implicados, desde empresarios hasta consumidores, sindicatos y partidos políticos, que no están dispuestos a asumir la carga de un tributo que, a su juicio, pone en peligro la creación de empleo y la competitividad de las empresas y afecta directamente a la economía familiar. Cuando todavía no se han cerrado las heridas de la catástrofe del Prestige, el Gobierno gallego apuesta por una medida controvertida para conseguir recursos adicionales y poder así inyectar inversiones a la sanidad y al medio ambiente, aun a costa de granjearse la oposición de usuarios y empresarios que hablan ya de posibles huelgas para frenar este impuesto.