Manuel Fraga puede encontrarse esta semana con pancartas de protesta en el lugar donde menos las podía esperar, en el Centro Gallego de Buenos Aires, la más emblemática institución emigrante que durante este año ha sufrido un agravamiento de su crisis justo cuando Argentina ha emprendido el camino de una leve recuperación tras cuatro años de profunda recesión.

El retraso en el cobro de las nóminas de parte de la plantilla de 1.060 trabajadores ha encrespado los ánimos de los afectados, a pocos días de la esperada visita de Fraga, tal vez con el convencimiento de que permitirá que los pagos se pongan al día. «Sólo debemos media paga a los médicos, aunque sí es cierto que estamos teniendo grandes dificultades para abonarlos», explica Antonio Burgueño, director del centro por encargo de la Xunta.

Más de un año después de la puesta en marcha de la Fundación Galicia Salud, que suponía la intervención de la gestión por la Xunta a cambio de inversiones y ayuda financiera, esta institución, que es básicamente un hospital privado situado en el centro de Buenos Aires, no ha logrado salir de los números rojos. El plan preveía que en agosto habría 13.000 nuevas altas de socios, gracias al Plan España Salud, financiado por el Gobierno central. Estas incorporaciones deberían paliar la sangría de las últimas tres décadas cuando el número de afiliados se dividió entre tres.

«Ganar plata»

Pero la falta de presupuesto del Gobierno central obliga a los beneficiarios, jubilados de escasos recursos, a pagar un tercio de la cuota (unos 11 euros), lo que unido al miedo a abandonar el seguro social argentino, el Pami, en vías de normalización, ha desbaratado todos los números. «Con 36.000 socios estaríamos ganando plata», explica Burgueño. Apenas llegan a 30.000 y siguen perdiendo.

A este escenario desfavorable se añaden las permanentes tensiones entre los directivos y el equipo nombrado por la Xunta, que son un secreto a voces en Buenos Aires, y el elevado coste de la atención a quienes sí se suman a España Salud.

Con prácticamente el mismo número de empleados que en los tiempos de esplendor y la cuota congelada en 100 pesos (unos 30 euros), la Xunta busca alternativas, como aumentar la colaboración con el Pami.

Fuente www.lavozdegalicia.es