La Comisión reprocha que algunos Estados actúen con mayor rigor contra los barcos de empresas mixtas

España, con 1.785 casos, sigue siendo el mayor infractor de la Unión Europea (UE) en materia de pesca, pero también el que aplica sanciones más contundentes a los transgresores de las normas. Eso es al menos lo que se desprende del análisis que la Comisión Europea ha realizado de los datos recabados por los Estados miembros correspondientes al año 2002, un ejercicio en el que se redujeron un 17% los expedientes que los Estados abrieron por conculcar las leyes pesqueras.

Mientras en la mayoría de los Estados miembros la irregularidad más repetida es falsificación u omisión de datos en los documentos de control, como puede ser el diario de pesca, en España la infracción que más aperturas de expedientes motiva es la pesca sin licencia o autorización correspondiente.

De las 1.785 infracciones graves que descubrieron los inspectores españoles, se abrieron procedimientos administrativos en el 90% de los casos y todos ellos (1.614) concluyeron con la imposición de una sanción.



Multa media

La multa media aplicada en España ascendió a 2.126 euros, cantidad a medio camino entre los 105.628 con los que se castigó la utilización de artes de pesca prohibidos y los 545 que se impusieron por ejercer la pesca con documentos falsificados. Aunque la cuantía de las sanciones económicas aplicadas por las autoridades españolas está por debajo de la que establecieron Irlanda, el Reino Unido y Francia, España es uno de los pocos Estados que complementa la pena económica con otras acciones disuasorias, como la intervención de las capturas o la retirada de la licencia de pesca.

Así lo destaca la propia Comisión, que subraya que en todos los casos de incumplimientos sancionados los inspectores se incautaron de las capturas y retiraron la licencia al armador del pesquero. Según Bruselas, sólo España, Grecia e Italia intervinieron las capturas ilegales en un número significativo de casos. Además, Madrid y Atenas, y en menor medida Copenhague, son los únicos Gobiernos que se deciden a retirar la licencia al infractor.

El análisis que Bruselas ha hecho de las sanciones impuestas por los Estados miembros respalda la acusación de los armadores gallegos de barcos de bandera mixta de que los países de adopción se ceban con los intereses extranjeros. Así, Bruselas recoge en su informe que algunos Estados miembros tienden a actuar con mayor rigor respecto de los buques extranjeros y de los barcos nacionales propiedad de armadores extranjeros.

Fuente www.lavozdegalicia.es