Este acuerdo implica que en el futuro ningún alcalde podrá recalificar cualquier terreno del término municipal para construir hoteles o apartoteles, un aspecto que fue declarado ilegal en una reciente sentencia del TSXG.

Los ediles debatieron dos propuestas de acuerdo que eran idénticas pero que, sin embargo, diferían en su parte expositiva.

La moción del equipo de gobierno proponía la modificación del planeamiento urbanístico de Nigrán únicamente para dar cumplimiento a la sentencia judicial.

La que fue presentada por el BNG, en cambio, argumentaba que esa particular normativa hotelera que permitía una mayor edificabilidad para usos hoteleros no ha servido en estos años para promover el turismo de habitación, sino para construir apartoteles que luego funcionaban con un uso residencial privado.

Ambas propuestas fueron sometidas a aprobación. La del BNG contó con el apoyo del PSOE, mientras que la de la coalición de gobierno PP-PINN fue aprobada por unanimidad.

El portavoz nacionalista, David Giráldez, advirtió de que son conocedores de que el apartotel de Patos funciona como un edificio de viviendas, sin ajustarse a la licencia de equipamiento hotelero que le fue concedida. Por otro lado, denunció que en algunas revistas inmobiliarias se oferta la venta de pisos en el supuesto apartotel que se proyecta construir en el SAU 3.

Depuradora

En segundo lugar, la corporación aprobó con los votos del gobierno y del PSOE y el rechazo del BNG, añadir al contrato con Seragua-Acualia, adjudictaria del servicio de abastecimiento de agua, la gestión y mantenimiento de la nueva estación de tratamiento de agua potable y la conducción del agua desde Zamanes hasta los depósitos de Condomínguez.

La empresa concesionaria estima que este aumento de sus obligaciones supondrá un incremento de 121.379 euros en el coste del servicio, lo que repercutirá en el canon anual que tiene que pagar el Ayuntamiento. Los nacionalistas consideraron que estos costes están sobredimensionados y votaron en contra porque consideraron que se trata de ampliar una privatización a la que se opusieron en su día y que supone unos incrementos anuales próximos al cinco por ciento, muy superior al IPC.

Finalmente, el grupo municipal socialista presentó una moción para que el pleno condenase la violencia de género y reprobase las declaraciones de Fraga respecto a la condena por abusos deshonestos del alcalde de Toques. Votaron a favor el BNG y el PSOE, pero la propuesta no prosperó porque fue rechazada por la coalición de gobierno, que consideró acertada la actuación del PP en este escándalo.El gobierno municipal también dio cuenta de la renuncia del edil del BNG Humberto Rodríguez Beiro.